Al intervenir en la sesión de debate en grupos de la Asamblea Nacional sobre la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal, el jefe de Gobierno subrayó que en 2026 se debe resolver de forma definitiva diversos problemas institucionales. Entre las tareas prioritarias figuran la revisión integral del sistema jurídico, la elaboración de una estrategia para perfeccionarlo acorde con las exigencias de la nueva etapa, así como la eliminación de obstáculos en el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles.
Asimismo, el Gobierno se propone completar de manera sincronizada la elaboración, ajuste y aprobación de las planificaciones de desarrollo socioeconómico y del uso del suelo en el segundo trimestre de 2026. En particular, se dará prioridad a la solución de los proyectos pendientes y estancados relacionados con tierras y fuentes de capital, incluidos los de energías renovables.
En cuanto al avance en infraestructura, el premier señaló que se priorizará la implementación de proyectos clave y estratégicos en transporte vial, ferroviario, fluvial, aéreo y portuario, así como en el sector energético. Paralelamente, se ajustará la Planificación de Energía VIII para garantizar de forma proactiva la seguridad energética, aumentar la capacidad de reservas nacionales, desarrollar plantas eléctricas de base con nuevas tecnologías y promover las energías renovables.
Respecto a los recursos humanos, el Gobierno continuará desplegando la Resolución 71-NQ/TW del Buró Político del PCV sobre avances en materia educacional. El Ministerio de Educación y Formación, en coordinación con la cartera de Ciencia y Tecnología, elaborará programas de formación de recursos humanos de alta calidad, fortaleciendo la vinculación entre centros de investigación, universidades y empresas, en respuesta a las demandas del desarrollo científico-tecnológico, la innovación y la transformación digital.
El primer ministro destacó que, para lograr un crecimiento de dos dígitos, se requieren enormes recursos de inversión. En este mandato, la inversión social total deberá alcanzar alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. La inversión pública prevista cubrirá aproximadamente el 20% de la demanda total, mientras que el resto deberá movilizarse del sector privado, empresas nacionales y capital extranjero.
Para atraer eficazmente estos recursos, subrayó la necesidad de establecer un entorno jurídico transparente y estable, que genere confianza entre ciudadanos, empresas e inversores.
Al afirmar que la estabilidad macroeconómica constituye la base fundamental, el jefe de Gobierno indicó que 2026 es un año crucial, y que el Ejecutivo seguirá escuchando y asimilando las opiniones de los diputados para perfeccionar la labor de dirección y gestión.
