Desde el inicio del mandato, la Fiscalía Popular Suprema ha impulsado reformas profundas en la gestión, dirección y responsabilidad, poniendo especial énfasis en la reorganización del personal, el fortalecimiento de la disciplina, la digitalización y la cooperación internacional. A través de dos tareas estratégicas y 25 grupos de trabajo prioritarios, la institución ha cumplido y superado múltiples metas fijadas por la Asamblea Nacional.
En el ámbito penal, se supervisaron más de 674 mil informaciones relacionadas con delitos y se solicitó la apertura de cerca de 3 mil 900 procesos penales, además de iniciar directamente 145 investigaciones para evitar la impunidad. La tasa de acusaciones presentadas a tiempo alcanzó el 100 por ciento y la precisión en la calificación jurídica fue del 99,9 por ciento.
Especial atención se destinó a la lucha contra los delitos económicos y la corrupción, con casi 19 mil casos procesados y alrededor de 2,83 mil millones de dólares recuperados. La Agencia de Investigación de la Fiscalía también superó las metas en la tramitación de denuncias e investigaciones establecidas por la Asamblea Nacional.

En materia de supervisión judicial, se controlaron a más de 395 mil personas detenidas y a más de 524 mil en prisión preventiva, contribuyendo activamente en la evaluación de solicitudes para reducción de penas y libertad condicional anticipada.
Además, la institución ha reforzado el marco legal y las directrices profesionales, emitiendo 28 circulares interinstitucionales y promoviendo la transformación digital mediante plataformas para la gestión de causas penales y centros inteligentes de supervisión.
De cara al periodo 2026-2031, la Fiscalía Popular Suprema se compromete a continuar renovando su función de acusación bajo el lema “Más temprano, más cercano, más profundo, más preciso”, y a elevar la calidad de la supervisión judicial siguiendo los principios de “Dedicación, competencia, sustancia y persuasión”.
También fortalecerá las capacidades internas de investigación y persistirá en la lucha contra injusticias, impunidad y corrupción dentro del sistema judicial.
Finalmente, la Fiscalía solicita al Partido y al Estado seguir avanzando en la reforma judicial y la mejora legislativa, fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR), estudiar la posibilidad de implementar la acusación condicional y garantizar recursos adecuados para la digitalización del sistema judicial, con el objetivo de construir una justicia moderna y profesional.