Según Reuters, en septiembre pasado, el Gobierno del país exigió a todos los empleadores que establecieran programas de prevención y control del cáncer para aliviar las presiones sobre el personal, que tiene poco tiempo y dinero.
Ahora se instó a los reclutadores a que brinden a sus empleados acceso a exámenes de detección del cáncer, remitiéndolos a centros de salud acreditados o realizando ellos mismos exámenes gratuitos.
La orden surgió de la Ley de Control Integrado Nacional del Cáncer, que promete mejores exámenes de detección, diagnóstico y tratamiento, garantizando que los servicios médicos sean “más equitativos y asequibles para todos, especialmente para los desfavorecidos, pobres y marginados”.
Los pacientes filipinos con cáncer pierden en conjunto 35 mil millones de PHP (625 millones de dólares) al año en costos médicos, gastos fuera del seguro y salarios sin cobrar, según un estudio realizado por el economista de salud Valerie Ulep del Instituto Filipino de Estudios de Desarrollo.
