En su intervención, el subjefe del Gobierno reconoció los esfuerzos del Ministerio de Educación y Formación, otras carteras, organismos y localidades, y pidió acelerar la solución de las deficiencias. Entre ellas figuran la falta de criterios definitivos para identificar las instituciones especiales, los retrasos en la previsión de las necesidades de mano de obra y la falta de planes de reorganización en algunas localidades y organismos.
Afirmó que reorganizar la red de instituciones de formación profesional es una necesidad urgente para mejorar la calidad de la formación y responder a las demandas de recursos humanos y del mercado laboral.
El proceso debe ser rápido, pero prudente y firme, ya que afecta directamente a docentes, trabajadores, estudiantes y sus respectivos regímenes y políticas, exhortó.
Según el viceprimer ministro, reducir el número de instituciones no es el objetivo final. La meta de reducir al menos un 30 por ciento de las instituciones busca impulsar la reestructuración, pero la prioridad es mejorar la calidad de la formación, la gestión y el uso de los recursos.
La reorganización tampoco implica reducir la capacidad de formación, que puede aumentar en función de las necesidades reales. Las instituciones transferidas a las localidades deberán atender las necesidades de recursos humanos de sus respectivas regiones y de todo el país.
El viceprimer ministro pidió a ministerios, organismos y localidades pasar de la elaboración de planes a su ejecución, con resultados concretos. Los ministros, secretarios de los comités partidistas y presidentes de los comités populares provinciales serán responsables de la reorganización dentro de sus respectivas competencias.
Las instituciones públicas de formación profesional deben ser transferidas a las administraciones locales, salvo las instituciones especiales, aclaró.
Encargó al Ministerio de Educación y Formación para finalizar los criterios para identificar estas instituciones y presentar el proyecto de resolución mediante un procedimiento abreviado el 23 de septiembre. La Oficina del Gobierno debe completar el expediente para presentarlo al Gobierno el 25 de septiembre.
En el caso de instituciones ineficientes o cuya existencia ya no sea necesaria, señaló, los ministerios y organismos competentes deben considerar su disolución conforme a sus atribuciones. Para las instituciones transferidas, las localidades deben preparar planes de recepción y gestión y garantizar su funcionamiento estable, evitando que sean disueltas posteriormente.
El viceprimer ministro encargó al Ministerio de Educación y Formación evaluar y tramitar los expedientes de fusión y disolución de los colegios universitarios, así como revisar las instituciones que permanecerán bajo gestión ministerial y las que serán transferidas a las localidades.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior debe orientar sobre organización y personal, mientras que el de Finanzas ofrece orientación sobre finanzas, bienes públicos, tierras, sedes y gastos de transición.
Los comités populares provinciales deben completar pronto la red de instituciones de formación profesional tras la reorganización, así como determinar qué instituciones se mantienen, fusionan, reorganizan o disuelven y cuáles reciben de los ministerios y organismos centrales. Al mismo tiempo, es necesario garantizar los derechos e intereses legítimos de estudiantes, docentes, funcionarios y trabajadores.
El viceprimer ministro pidió completar la reorganización antes del 1 de octubre de 2026, cumpliendo los objetivos, porcentajes y requisitos de calidad establecidos. Los resultados servirán también de base práctica para reorganizar posteriormente las instituciones de educación superior.