El taller, organizado por la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad), formó parte del proyecto para fortalecer la capacidad de implementar la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción en Vietnam.
En su intervención, el jefe adjunto de la Comisión de Asuntos Internos, Nguyen Thanh Hai, afirmó la firme determinación y los esfuerzos del Partido y del Estado en la lucha contra la corrupción y otros fenómenos negativos, lo que ha recibido el apoyo público y los elogios de la comunidad internacional, como contribución a mantener la estabilidad política y promover el desarrollo socioeconómico y la integración internacional.
Sin embargo, no es fácil identificar y prevenir la corrupción en el sector público en relación con el sector privado, dijo y señaló que requiere tanto una revisión de la realidad como un intercambio de experiencias internacionales, especialmente en servicios públicos básicos como la atención médica y la educación.
El conocimiento y la experiencia compartidos en el taller ayudarán a la comisión y a otras agencias vietnamitas relevantes en la consulta y formulación de políticas, según el funcionario.
Un informe presentado en el taller mostró que el Partido ha emitido muchas directrices y políticas para identificar y prevenir la corrupción en la atención sanitaria y la educación, y que las contramedidas llevadas a cabo por Vietnam son bastante compatibles con las previstas en la convención.
El informe también hizo recomendaciones a Vietnam para identificar actos corruptos y aumentar la eficiencia de las medidas anticorrupción, particularmente en la atención médica y la educación.
Durante el seminario, los delegados debatieron temas relacionados con la corrupción en el sector público en relación con el sector privado, calificando que la corrupción en servicios públicos básicos como la salud y la educación impactaría seriamente los esfuerzos para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
