En un documento enviado los Ministerios, sectores y localidades, el jefe del Gobierno destacó que la cuarta inspección de la CE sobre la lucha contra la pesca INDNR, prevista para octubre de 2025, es un momento crucial y decisivo para eliminar dicha advertencia impuesta al sector pesquero de Vietnam.
Por lo tanto, se requiere que los Ministerios y autoridades locales actúen con mayor urgencia y determinación, enfocándose en ejecutar de manera efectiva las tareas y soluciones estipuladas en los documentos de dirección del Gobierno, el Primer Ministro y el Comité Nacional de Dirección sobre la INDNR.
Instruyó al Ministerio de Defensa a dirigir a la Guardia Costera y la Guardia Fronteriza para que colaboren estrechamente con las localidades en patrullajes, inspecciones y sanciones estrictas contra las infracciones de pesca ilegal, especialmente contra los barcos vietnamitas que pescan ilegalmente en aguas extranjeras.
Además, se debe garantizar que el 100 por ciento de los buques pesqueros sean inspeccionados y supervisados antes de salir o entrar en los puertos, y cuenten con todos los documentos reglamentarios.
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente debe continuar perfeccionando el marco legal, guiando la estricta implementación de la Ley de Pesca y regulaciones conexas; y coordinar urgentemente con las localidades para revisar y mejorar el sistema de monitoreo de embarcaciones, asegurando la conexión y el intercambio de datos entre los niveles central y local.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con los organismos competentes, debe seguir dialogando y persuadiendo a la CE para que valore positivamente los esfuerzos de Vietnam en esta lucha, con miras a levantar la "tarjeta amarilla".
Se exige a los Comités Populares de las provincias y ciudades costeras que dirijan enérgicamente a las fuerzas competentes y a las autoridades locales para intensificar la inspección, supervisión y trazabilidad de los productos pesqueros y sancionar rigurosamente cualquier infracción.
Los presidentes de los Comités Populares provinciales asumirán plena responsabilidad ante el Gobierno y el Primer Ministro si se producen violaciones relacionadas con la pesca ilegal.
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