Se trata de la Ordenanza que modifica y complementa la normativa sobre la consolidación de textos jurídicos, y de la Ordenanza que reforma el procedimiento para la revisión y decisión sobre la aplicación de medidas administrativas en los tribunales populares.
La rueda de prensa estuvo presidida por el viceministro de la Oficina del Presidente, Can Dinh Tai.
Impulso a un sistema jurídico más transparente y moderno
El viceministro de Justicia Nguyen Thanh Tinh subrayó que la reforma de la ordenanza sobre consolidación normativa responde a la necesidad de institucionalizar las directrices del Partido en materia de perfeccionamiento del sistema legal, garantizando que los textos consolidados tengan carácter oficial en la cita y aplicación del derecho.
Asimismo, destacó que los cambios buscan construir un sistema jurídico más abierto, transparente y accesible, centrado en los ciudadanos y las empresas, al tiempo que refuerzan la modernización de la administración pública mediante la transformación digital, la inteligencia artificial y el uso de macrodatos.
La reforma también pretende asegurar la coherencia con las nuevas leyes aprobadas, superar las dificultades detectadas tras más de 14 años de aplicación de la normativa vigente desde 2012, y adaptar las funciones de los organismos competentes a la nueva estructura institucional.
El texto legal, compuesto por dos artículos, modifica nueve disposiciones y articula cinco grandes grupos de políticas. Entre sus principales novedades figura la ampliación del alcance de la consolidación normativa a nivel local, así como la inclusión de documentos modificativos, derogatorios o de vigencia parcial.
Digitalización y agilización de los procedimientos judiciales
En relación con la segunda ordenanza, el Tribunal Supremo Popular explicó que su reforma busca perfeccionar el marco jurídico de los procedimientos para la aplicación de medidas administrativas, especialmente en casos de internamiento obligatorio por drogodependencia , en consonancia con la Ley de Prevención y Control de Drogas.
La normativa refuerza además la digitalización del sistema judicial, al permitir que la Fiscalía reciba expedientes en formato electrónico y al regular el intercambio de documentos por medios digitales entre los organismos competentes.
De igual forma, se simplifican procedimientos y se reducen plazos con el objetivo de agilizar la tramitación de los casos, mejorar la eficiencia y aliviar la carga administrativa en la gestión de personas afectadas por drogodependencia.
La reforma otorga también mayor flexibilidad a los jueces en la conducción de las audiencias, evitando la rigidez en el orden de interrogatorios y debates, y permitiendo su adaptación según las características de cada caso.
Las dos ordenanzas entrarán en vigor el 1 de julio de 2026.
