Parlamento vietnamita debate leyes relacionadas con el ámbito jurídico

Los diputados coincidieron en que estos proyectos de ley son necesarios para perfeccionar el sistema jurídico, garantizar su coherencia y responder al proceso de reforma administrativa y de consolidación del modelo de gobierno local de dos niveles.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó que se trata de proyectos legales complejos que requieren la incorporación de opiniones de expertos y científicos para su mejora.

También propuso aplicar tecnologías digitales e inteligencia artificial (IA) en la automatización de la búsqueda, especialmente en la verificación de antecedentes penales.

Señaló además que la transferencia de la base de datos de antecedentes judiciales del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública deberá realizarse con una estrecha coordinación interinstitucional y completarse antes del 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a la protección de datos sensibles, el titular parlamentario pidió establecer normas claras sobre la protección de la información personal y simplificar los procedimientos para la expedición de certificados de antecedentes judiciales.

La diputada Nguyen Phuong Thuy, de Hanói, propuso que los certificados de antecedentes judiciales se emitan en formato electrónico y que solo se entreguen versiones impresas en casos excepcionales, a fin de aliviar la carga administrativa y aumentar la transparencia.

Respecto al proyecto de Ley sobre detención temporal, custodia y prohibición de abandonar el lugar de residencia, los diputados coincidieron en la necesidad de su promulgación, destacando la importancia de incorporar disposiciones específicas sobre la medida de “prohibición de salir del lugar de residencia”.

El diputado Ha Sy Dong, de Quang Tri, señaló que la eficacia de esta norma dependerá de la delimitación clara de responsabilidades y de la capacidad de las autoridades locales para implementarla.

Propuso, además, definir con mayor precisión los mecanismos de coordinación entre los comités populares y la policía comunal, evitando la ambigüedad en la asignación de responsabilidades.

En el debate sobre la modificación de la Ley de Ejecución Penal, los diputados expresaron su acuerdo en reconocer el derecho de los reclusos a donar tejidos u órganos, aunque propusieron restringir esta posibilidad a casos destinados al tratamiento de familiares directos, con condiciones estrictas de voluntariedad y sin fines de lucro.