El programa tiene como objetivo garantizar una implementación seria, integral y coordinada de las directrices centrales, así como una gestión unificada por parte del Gobierno, el Primer Ministro, los ministerios y las administraciones locales. Las tareas deberán asignarse de forma clara, con organismos responsables, mecanismos de coordinación, productos concretos y plazos definidos.
Uno de los principales objetivos es vincular la reorganización del aparato administrativo con una mayor descentralización y delegación de competencias, garantizando al mismo tiempo los recursos, instrumentos de ejecución y mecanismos de control necesarios. El programa también exige reforzar la responsabilidad de los ministros, los jefes de organismos de rango ministerial y los presidentes de los Comités Populares provinciales y municipales.
El Programa de Acción establece nueve grandes grupos de tareas: difundir y elaborar planes para implementar las conclusiones y planes del Comité Central; perfeccionar el marco institucional y las funciones y responsabilidades de los organismos; impulsar la descentralización y delegación de competencias, y estudiar la creación de zonas económicas especiales y nuevos modelos administrativos. Asimismo orienta revisar la estructura del sistema de administración estatal; garantizar recursos para las administraciones comunales; reorganizar y racionalizar los ministerios y las unidades de servicios públicos; mejorar la calidad de los funcionarios, especialmente a nivel comunal; impulsar la transformación digital y la interconexión de datos, y gestionar eficazmente las sedes, bienes públicos, expedientes y documentos tras la reorganización.
En materia institucional, los ministerios y organismos de rango ministerial deberán acelerar la revisión y promulgación de normas para eliminar los obstáculos jurídicos que afectan a las administraciones locales. Se prestará especial atención a las disposiciones supersupuestas, generan competencias ambiguas o no se ajustan al nuevo modelo administrativo.
El Ministerio de Justicia dirigirá la revisión y reducción de los procedimientos de certificación, verificación, consulta y aprobación, priorizando el uso compartido de datos y la interconexión electrónica entre organismos estatales para reducir la carga administrativa sobre ciudadanos y empresas. Esta tarea deberá completarse para octubre de 2027.
Por su parte, el Ministerio del Interior, en coordinación con el de Justicia y otros organismos, deberá modificar o proponer ajustes a las normas relativas a la organización del aparato estatal, con plazo de finalización en octubre de 2026.
La descentralización ha de seguir el principio de que “las localidades deciden, las localidades ejecutan y las localidades asumen la responsabilidad”, vinculando la transferencia de competencias con recursos humanos, financiación, datos, infraestructura digital, orientación técnica e instrumentos de ejecución.
El Ministerio del Interior también deberá completar en octubre de 2026 las normas destinadas a fomentar y proteger a los funcionarios que impulsen la innovación y se atrevan a asumir responsabilidades en beneficio del interés común.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública necesitará coordinar con el de Defensa y otros organismos la solución de determinadas competencias que todavía se superponen, mientras que la cartera de Ciencia y Tecnología continuará perfeccionando el marco jurídico de la transformación digital. El Ministerio de Finanzas actualizará las normas sobre distribución presupuestaria y gestión de bienes públicos en el nivel comunal.
Los ministerios y organismos de rango ministerial deberán completar en octubre de 2026 la reorganización de sus estructuras internas de manera coordinada con la descentralización y delegación de competencias.
En el sector de la educación superior pública, se prevé transferir determinadas instituciones multidisciplinarias al Ministerio del sector o a las administraciones locales, fusionar instituciones situadas en una misma localidad y reducir al menos un 20% el número de instituciones públicas de educación superior antes del 1 de abril de 2027.
En cuanto a las instituciones de formación profesional y educación continua, se contempla transferir determinadas entidades a las administraciones locales y reducir al menos un 30% su número antes del 1 de octubre de 2026.
El Ministerio de Salud reorganizará hospitales y otras instituciones dependientes, al tiempo que perfeccionará el modelo de las estaciones sanitarias comunales para garantizar servicios básicos y atención primaria. También deberá coordinar con las localidades el refuerzo de personal, equipos, instalaciones y medicamentos esenciales, así como completar en octubre de 2026 los historiales médicos electrónicos en VNeID y la conexión de los datos sanitarios desde el nivel comunal hasta el provincial.
Los ministerios de Educación y Formación y del Interior continuarán orientando la reorganización de las unidades de servicios públicos y de los centros educativos en las localidades.
Mientras tanto, los Comités Populares provinciales y municipales deberán completar en agosto de 2026 la reorganización de las unidades de servicios públicos, centros educativos y establecimientos sanitarios locales.
