Al intervenir en una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del PCV y agencias concernientes, el máximo dirigente enfatizó que las tareas de manejo de disputas civiles y administrativas y la ejecución de sentencias son de gran importancia, ya que repercuten directamente en la credibilidad y la confianza pública en el sistema jurídico, así como en la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas.
Los resultados obtenidos han mejorado gradualmente la calidad de la resolución de los casos, mientras la labor de conciliación, diálogo, supervisión y ejecución de sentencias ha logrado avances, destacó.
Al trazar diversas orientaciones futuras, instó a fortalecer el liderazgo del Partido en la prevención y resolución de litigios civiles y administrativos, así como en la ejecución de las sentencias.
Los comités, las organizaciones y los líderes del Partido deben prestar atención periódicamente al liderazgo y la dirección, y detectar rápidamente retrasos y lagunas duraderas que pueden conducir fácilmente a violaciones y negatividad, reiteró.
El liderazgo necesita ejercerse estrictamente conforme a los principios, sin interferir de manera contraria a la ley en las actividades de enjuiciamiento; no se debe invocar la independencia judicial como motivo para relajar el liderazgo, la inspección y el control del poder; asimismo, se requiere reforzar la supervisión por parte de los órganos electos y del Partido según una dirección más sustantiva, con la participación de todo el sistema político, urgió.
Con el fin de mejorar la eficacia de todo el proceso de resolución de controversias, desde la etapa previa al juicio hasta la ejecución de las sentencias, hizo hincapié en la importancia de abordar los asuntos de manera eficaz antes de que las disputas escalen hasta convertirse en demandas judiciales formales.
Asimismo, abogó por el perfeccionamiento gradual de un sistema multinivel de resolución de conflictos escalonado, práctico y rentable; por el fomento de métodos de la negociación, la mediación y el arbitraje para las controversias en los ámbitos permitidos por la ley; así como el estudio de disposiciones destinadas a reforzar la eficacia jurídica de estos mecanismos y el mejoramiento de la efectividad de la mediación y el diálogo en los tribunales.
Los tribunales son un respaldo fiable de la justicia, pero no necesariamente deben ser la primera puerta de acceso para todas las controversias, señaló.
Mientras las fiscalías necesitan mejorar la calidad de su labor de supervisión, detectar de manera proactiva las deficiencias y formular recomendaciones o recursos para corregirlas, detalló.
También enfatizó en la necesidad de intensificar la coordinación para superar la fragmentación entre los distintos organismos y etapas del proceso de resolución de controversias; ampliar la cooperación internacional en esta materia; y definir claramente los mecanismos de coordinación entre los tribunales, las fiscalías, las agencias de ejecución de sentencias, las fuerzas policiales, las autoridades locales y las entidades encargadas de la gestión de tierras y bienes, a fin de resolver los casos complejos y prolongados y superar la situación en la que cada órgano es responsable de una parte del proceso y cada rama cumple sus respectivos objetivos, pero los asuntos de la población siguen sin resolverse.
Además, el líder abordó el impulso de la aplicación de tecnología, la transformación digital y la gestión basada en datos. El objetivo no es simplemente digitalizar documentos y registros, sino transformar los métodos de gestión y supervisión de todo el proceso de tramitación de casos, paso a paso estableciendo sistemas de datos interconectados que abarquen la recepción, la aceptación del caso, la resolución, la supervisión fiscal y la ejecución de la sentencia.
En cuanto al fortalecimiento del control del poder y la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las conductas negativas en la resolución de casos civiles y administrativos y en la ejecución de sentencias, pidió a identificar plenamente los riesgos de corrupción, despilfarro y conductas negativas en cada etapa del proceso, a fin de prevenirlos de manera proactiva y con anticipación, sin esperar a que se produzcan infracciones para realizar inspecciones y aplicar medidas disciplinarias.