El documento tiene como objetivo implementar efectivamente tareas y soluciones concernientes de acuerdo con el Programa de recuperación y desarrollo socioeconómico, en un esfuerzo por contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del seis al 6,5 por ciento en este año.
Al mismo tiempo, exige reforzar la disciplina financiera y presupuestaria, implementar drásticamente soluciones para prevenir la pérdida de ingresos, precios de transferencia y evasión fiscal, recuperar la deuda tributaria, controlar estrictamente el gasto excesivo del presupuesto estatal, y crear recursos para la reforma de políticas salariales y de bienestar social.
Además, insta a agilizar la asignación, la implementación y el desembolso de la inversión pública, fuentes de capital del Programa de recuperación y desarrollo socioeconómico, así como tres programas de objetivos nacionales, a la par de continuar revisando y mejorando el sistema de documentos que regulan la gestión y uso de los bienes públicos.
Propone renovar y mejorar la eficiencia de las empresas estatales, así como sensibilizar a todos los niveles, ramas y funcionarios en la implementación de objetivos y soluciones de práctica del ahorro y lucha contra el despilfarro.