El documento abarca la APP según lo estipulado en la ley, así como mediante el uso de activos públicos con fines de empresa conjunta y asociación. También define las responsabilidades de las partes involucradas en las actividades de colaboración.
Según el decreto, los ámbitos de aplicación de la APP incluyen: tecnologías avanzadas y estratégicas; infraestructura digital para satisfacer los requisitos del desarrollo de la economía, la sociedad y el gobierno digitales; plataformas digitales compartidas; actividades de formación de recursos humanos en tecnología digital y en la industria de la tecnología digital; así como otros tipos de tecnologías, productos, servicios y actividades que se ajusten a los objetivos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transformación digital.
Las organizaciones e individuos que participen en la APP se beneficiarán de políticas de incentivos fiscales, exención o reducción de tarifas de uso de suelo y alquiler de terrenos, así como otros incentivos a la inversión. Obtendrán derecho a la propiedad de los resultados de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y podrán aplicar mecanismos de aceptación de riesgos en sus actividades relacionadas.
Además, el Estado podrá realizar pedidos directos o adjudicar contratos para productos y bienes resultantes de la APP que realicen tareas especiales en ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.