Esta directiva sigue las conclusiones del Primer Ministro y el Viceprimer Ministro sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Según la propuesta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las provincias deben determinar las dificultades existentes y proponer ajustes a las regulaciones pertinentes, especialmente las relacionadas con la lucha contra la pesca INDNR que ya no son viables, con el objetivo de reducir infracciones, eliminar la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea y avanzar hacia una pesca sostenible.
Los servicios de Agricultura y Desarrollo Rural, las agencias y unidades relacionadas deben intensificar la vigilancia, inspección y auditoría, enfocándose en zonas de alto riesgo de violación.
Al mismo tiempo, deben cooperar con las fuerzas competentes para investigar, verificar y sancionar a los barcos que violen las normas de pesca ilegal, sin dejar impunes las infracciones.
Las provincias y ciudades han de aprender de la experiencia en la aplicación de sanciones administrativas. Es necesario examinar y determinar claramente las infracciones para mejorar la aplicación de la ley.
