Autentican resolución sobre desarrollo de ciudad de Da Nang

El documento se centra en impulsar la gestión financiera y presupuestaria de Da Nang; la gestión de inversiones, planificación, urbes, recursos naturales y medioambientales; las industrias y profesiones prioritarias para la captación de inversiones estratégicas; el establecimiento de una zona de libre comercio; así como la inversión en el desarrollo de chips semiconductores, inteligencia artificial, información y comunicación, gestión de ciencia y tecnología e innovación.

Los sujetos aplicables de la Resolución son los organismos estatales, organizaciones políticas y sociales, organizaciones sociopolíticas-profesionales, entre otras instituciones e individuos relevantes.

Respecto a la organización gubernamental, el gobierno local incluye el Consejo Popular y el Comité Popular de la ciudad.

Sobre la prueba de varios mecanismos y políticas específicas, la Resolución establece claramente el establecimiento de la Zona de Libre Comercio de Da Nang asociada con el puerto marítimo de Lien Chieu, la cual abarcará áreas de producción, centros logísticos, comerciales y de servicios y otros tipos de áreas funcionales de acuerdo con las disposiciones de la ley.

Para apoyar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de chips semiconductores y la inteligencia artificial, la urbe eximirá el impuesto sobre la renta de las empresas del sector por un período de cinco años, así como sobre los ingresos procedentes de actividades de apoyo al emprendimiento y la innovación. En caso de que una empresa esté sujeta al impuesto mínimo global, deberá tributar de acuerdo con la normativa correspondiente.

El Comité Popular municipal decide imponer pruebas controladas por tiempo limitado de nuevas tecnologías, productos, servicios y modelos de negocio en el parque de alta tecnología, el parque centralizado de tecnología de la información y el centro de apoyo a las empresas emergentes de innovación de la ciudad y el espacio de innovación invertido por el presupuesto local.

La duración máxima de la prueba es de tres años y puede prorrogarse una vez por un máximo de tres años.

La resolución fue aprobada por el legislativo el 26 de junio como parte de su séptimo periodo de sesiones.