Durante una sesión para discutir el proyecto de enmienda a la Ley de IVA, los legisladores se centraron en resolver los cuellos de botella en la implementación, particularmente los lentos procedimientos de reembolso de impuestos y las políticas fiscales para productos agrícolas, desechos y subproductos.
El diputado Ha Sy Dong de la provincia central de Quang Tri apoyó la enmienda, pero señaló que muchos de los problemas actuales no provienen de la ley en sí, sino de su aplicación, como los prolongados tiempos de reembolso y la falta de transparencia. Advirtió que enmendar la ley demasiado pronto, mientras se perfeccionan los documentos guía, podría desajustar las políticas y perturbar las operaciones comerciales.
Para resolver fundamentalmente el problema, propuso aplicar un mecanismo de reembolso automático del IVA según el nivel de riesgo. Sugirió establecer un plazo fijo, por ejemplo de 30 días, para empresas con buen cumplimiento, mientras que aquellas consideradas de alto riesgo estarían sujetas a inspección previa al reembolso. Además, pidió sanciones específicas si las autoridades tributarias retrasan el procesamiento, afectando el flujo de caja de las empresas.
El diputado también enfatizó que el uso de datos masivos e inteligencia artificial debe regularse mediante documentos detallados que especifiquen los tipos de datos, estándares técnicos, medidas de seguridad y responsabilidades, no solo como un eslogan.
Al analizar el impacto del reembolso del IVA en el capital empresarial, el diputado Tran Huu Hau de la provincia sureña de Tay Ninh destacó que la enmienda ayudaría a las empresas exportadoras vietnamitas a reducir cientos de millones de dólares en capital inmovilizado para pagos anticipados de impuestos y costos de intereses. Subrayó que, aunque el impuesto finalmente se reembolsa, las empresas pierden valor significativo debido a los intereses y las oportunidades de negocio perdidas.
En el contexto de la feroz competencia internacional de los productos agrícolas vietnamitas, incluso un pequeño porcentaje de ganancia es crucial, afirmó. Además, el procedimiento actual consume tiempo y recursos tanto para empresas como para funcionarios, creando un mecanismo de “solicitud-otorgamiento” propenso a irregularidades.
Respecto a la política tributaria para productos agrícolas, desechos y subproductos, Sy Dong recomendó que la ley o el Ministerio de Finanzas especifiquen una lista detallada de productos con códigos del Sistema Armonizado (HS) y criterios de proporción de exportación para aplicar el mecanismo de “no declaración pero deducción”. También propuso requisitos de documentación mínima obligatoria, como contratos, recibos de recolección y confirmaciones de cooperativas, junto con formularios estandarizados para prevenir fraudes y ventas ficticias.
Para los desechos y subproductos, sugirió que el Ministerio de Finanzas establezca un sistema de códigos/nombres y criterios de clasificación según el HS, requiriendo que las empresas elaboren tablas de normas de producción. Esto evitaría la subdeclaración de valores para transferir ingresos a grupos con tasas impositivas más bajas.
El diputado Tran Huu Hau destacó particularmente el significado de eliminar una cláusula que exime del IVA a ciertos subproductos. Esto facilitaría que miles de plantas procesadoras de productos agrícolas y acuícolas vendan desechos como salvado, bagazo, cáscaras de camarón y melaza para alimentación animal. No solo reduciría los costos de insumos y haría que los alimentos para animales fueran más asequibles y competitivos con las importaciones, sino que también aumentaría la eficiencia del procesamiento, abordaría problemas ambientales y promovería una economía circular. Solo la industria de la yuca genera más de 4 millones de toneladas de bagazo anualmente, una fuente considerable de contaminación que podría convertirse en un valioso alimento para animales si no está gravada con el IVA.
Los diputados acordaron eliminar una cláusula que condiciona el reembolso del IVA a que el vendedor haya declarado y pagado el impuesto correspondiente a la factura. Calificaron de “irracional” y de alto riesgo la actual regulación, ya que responsabiliza al comprador por el cumplimiento fiscal del vendedor, algo fuera de su control y capacidad de verificación.
Coincidiendo con la eliminación, enfatizaron la necesidad de establecer simultáneamente mecanismos de protección. Propusieron crear un portal público para consultar el estado de cumplimiento fiscal de los vendedores, con Interfaz de Programación de Aplicaciones (IPA) para bancos y empresas, e integrar el historial de cumplimiento del vendedor en el mecanismo de reembolso automático para la clasificación de riesgos.