Las legislaciones promulgadas son: Ley de Docentes, Ley de Empleo, Ley de Impuestos Especiales al Consumo, Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Publicidad, Ley de Productos Químicos, Ley de Gestión e Inversión de Capital Estatal en Empresas, Ley del Impuesto sobre la Renta Empresarial, Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, y Ley de Presupuesto Estatal.
La Ley de Docentes, compuesta por nueve capítulos y 42 artículos, se centra en cinco políticas clave aprobadas por el Gobierno, incluyendo la definición del maestro, normas y títulos profesionales, reclutamiento y régimen laboral, formación y reconocimiento, y gestión estatal.
Esta ley proporciona una base legal sólida para más de un millón de docentes en todo el país, contribuyendo a su estabilidad profesional y mejorando la gestión del personal educativo por parte del sector.
Por su parte, la Ley de Empleo, que contiene ocho capítulos y 55 artículos, materializa las directrices del Partido para perfeccionar las instituciones y eliminar cuellos de botella. Establece políticas de apoyo al empleo, registro laboral, desarrollo de habilidades, servicios de empleo, seguro de desempleo, y gestión estatal en esta área.

Este documento legal, que abarca a todos los ciudadanos vietnamitas mayores de 15 años con capacidad y deseo de trabajar, busca impulsar un mercado laboral inclusivo y sostenible.
Ambas normativas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Por su parte, la Ley de Impuestos Especiales al Consumo (cuatro capítulos, 11 artículos) incluye nuevas disposiciones respecto a productos sujetos a este tributo, como las bebidas con más de 5g de azúcar por 100 ml, y aires acondicionados con capacidad entre 24.000 y 90.000 BTU. También ajusta impuestos a productos como cigarrillos, alcohol, cerveza, automóviles y aeronaves, alineándose con otras normativas sectoriales. Asimismo, amplía las exenciones fiscales para determinados bienes exportados o utilizados con fines de seguridad, defensa o actividades específicas como el turismo o la agricultura. Esta ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
La Ley del Impuesto sobre la Renta Empresarial (cuatro capítulos, 20 artículos) será aplicable a partir del ejercicio fiscal de 2025. Refuerza la coherencia con otras leyes relacionadas con inversión, empresas, innovación y transformación digital. Introduce modificaciones importantes sobre los sujetos y tipos de ingresos gravables, deducciones, métodos de cálculo, tipos impositivos y beneficios fiscales.
La Ley que modifica la Ley de Publicidad, compuesta por tres artículos, entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y representa un cambio de paradigma en la gestión de la publicidad, especialmente en medios digitales y transfronterizos. Establece nuevos derechos y obligaciones de los transmisores de productos publicitarios, el uso del idioma vietnamita, y regula el contenido y condiciones de la publicidad en diversos formatos.
La Ley de Gestión e Inversión de Capital Estatal en Empresas (ocho capítulos, 59 artículos) reemplaza conceptos anteriores y define claramente el alcance de aplicación, incluyendo empresas estatales y entidades donde el Estado posee más del 50% del capital. La normativa permite también su adopción por parte de organizaciones políticas y sociales, facilitando la inversión y gestión de capital en empresas. Esta ley entra en vigor el 1 de agosto de 2025.
La Ley de Productos Químicos (siete capítulos, 48 artículos) busca desarrollar una industria química moderna y sostenible. Introduce regulaciones sobre gestión a lo largo del ciclo de vida de los productos químicos, sustancias peligrosas en productos, y refuerza la seguridad química.
Esta norma promueve la descentralización, simplifica los procedimientos, y aplica tecnologías digitales para facilitar las operaciones empresariales y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
La Ley que modifica la Ley de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, con dos artículos, también vigente a partir del 1 de enero de 2026, establece políticas para mejorar la gestión estatal en este ámbito, desarrollar servicios energéticos, apoyar financieramente iniciativas de eficiencia energética y regular el rendimiento de equipos y vehículos.
La Ley de Presupuesto Estatal (siete capítulos, 79 artículos) reforma la distribución de ingresos y gastos entre los niveles central y local, fortaleciendo la autonomía financiera y la responsabilidad de las administraciones locales. Mejora la supervisión parlamentaria, simplifica los procedimientos, y promueve una gestión presupuestaria eficiente, transparente y responsable. Entrará en vigor con el ejercicio presupuestario de 2026.
Desde el 1 de julio de 2025, comenzaron a aplicarse tres aspectos clave: la descentralización del gasto en ciencia, tecnología e innovación; la elaboración del presupuesto para estas áreas; y el mecanismo de adelanto presupuestario.